Por Benjamín Escobedo (Académico, Teólogo, Columnista e Investigador de Historia) Escritor para Latinoamérica (Monte Alto Editorial)Columnista de Fundación Nueva Mente (FNM) Lic. Teología, Lic. © Historia Tal vez no muchos saben, pero en nuestro país existe lo que denominamos ONAR (Oficina Nacional de Asuntos Religiosos), cuya organización fue creada con el objetivo central de promover desde una perspectiva de Estado el goce del derecho a la Libertad Religiosa, garantizado en la Constitución Política de la República. Así lo asevera la propia web en cuestión. El tema es que los objetivos específicos que dice plasmar la ONAR no siempre reflejan como fin último el motivo para lo cual fue creada, por ende, se visualizan entramados, ausencias y ciertas dudas que, entre paréntesis, inscriben tensiones políticas, públicas y religiosas. La premisa de esta semana se titula "ONAR (Oficina Nacional de Asuntos Religiosos): Un gran fantasma".
Primero, una de las cosas que ha sufrido sistemáticamente la ONAR ha sido el nombramiento de sus directores cuya ideología política tiene estrecha relación con el gobierno de turno. De esta forma, enarbolando un discurso pragmático, sesgado y a momentos con fines más políticos partidistas que transversales, claramente, aquella organización gubernamental no fue creada con este fin. En la actualidad, su director es Omar Cortes Gaibur, teólogo y profesor de instituciones protestantes del país, cuya formación profesional es sólida y de nivel indiscutido. Sin embargo, sus propuestas públicas se han remitido a desayunos, reuniones y viajes con fines más bien progresistas que laicos, claro, muy propio de la agenda política del gobierno actual. La ONAR debe avanzar hacia un diálogo no solo con quienes adhieren a esfuerzos por legalizar los cuestionados temas valóricos de hoy en día, junto con ello, tampoco centrar el foco en tradiciones religiosas exclusivamente heterodoxas. Por el contrario, debe incidir en aquellas expresiones de fe que no suelen tener los mismos preceptos ideológicos, morales y sociales.
Segundo, la ONAR se paga con gasto público y según el "Portal de Transparencia", el director percibe una renta que asciende a los $3.801.170 pesos, correspondiente al grado número cuatro de escala. Sin duda, esto es una incoherencia pública si consideramos que dicho grado en otros profesionales, por ejemplo, un director de hospital, conlleva mucha más responsabilidad, control de personas y gestión. Y, sin embargo, aunque sean homologables en grado y remuneración económica, ambos individuos tienen una responsabilidad profesional y un efecto social extremadamente diferente en el denominado espacio público. La ONAR debe estar a la altura de las propuestas, objetivos y proyectos que la sustentan. Hasta el momento, solo hemos podido visualizar reuniones, encuentros y constantes incidencias sobre temáticas muy puntuales. Más aún, hay una ausencia de indicadores cuantitativos del alcance y del impacto real de su trabajo en terreno. Cabe señalar que la incidencia para estas materias erige sobre la base de lo global, no meramente en un diálogo con el mundo protestante y adyacentes. La idea es fomentar laicidad de manera transversal en Chile, eso incluye a otras líneas políticas, históricas y teológicas. La tarea es construir y preservar un Estado laico totalmente enajenado de ideologías políticas individuales que subyacen al ejercicio público profesional, un vicio muy sistemático en la organización.
Tercero, vendría bastante bien la presencia de una mujer como directora de la ONAR en un próximo período. Claro, con los preceptos previamente esbozados para mejorar el impacto, horizontalidad y ejecución de los objetivos trazados. A su vez, es fundamental hilvanar proyectos concretos y no meramente reuniones con fotos, fotos y más fotos. Aquí tenemos un desafío importante, de hecho, una carencia interpelante para un gobierno que dice ser feminista. Dicho sea de paso, esta es una categoría muy jabonosa a partir de un lente epistemológico e histórico. Una de las personalidades más influyentes de la filosofía política, Robert Audi, sugiere ciertos tópicos que podrían aportar realmente al trabajo de la ONAR en Chile. (1) Garantizar el Principio Libertario, en otras palabras, todas las personas tienen derecho a profesar el culto que estimen conveniente, no solamente en la privacidad de la conciencia humana, sino también en los ritos externos que subyacen a esa religión experimentada. Desde ese punto de vista, en un Estado todas las personas tienen derecho a creer lo que estimen conveniente desde una mirada religiosa, metafísica, etc. (2) El segundo Principio se denomina Igualitario, por ende, el Estado tiene el deber de tratar a todas las confesiones religiosas por igual. A partir de aquí, católicos, musulmanes, cristianos, hare krishna o mormones (por señalar solamente algunos), ante los ojos del Estado, siempre serán lo mismo. Por consecuencia, cuando se viola el Estado Igualitario, se generan preferencias hacia ciertas tradiciones religiosas. (3) Por último, Audi sugiere el principio de Neutralidad, dicho punto asevera tratar a la religiosidad y a la no religiosidad con igualdad. En otras palabras, es aplicar al fenómeno religioso y al no creyente un estatus de igualdad para efectos públicos. En síntesis, la afirmación inicial, “ONAR (Oficina Nacional de Asuntos Religiosos): Un gran fantasma”, propone visibilizar un proyecto ideologizado, político y con ciertas fisuras respecto de sus objetivos esbozados. Las aproximaciones de Audi instalan una relectura de la vida pública, privada y horizontes religiosos desde una mirada gubernamental.
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