Inmigración en Chile: ¿Derecho o degradación social?

En las últimas décadas para nadie es un misterio que las políticas de inmigración han estado al debe sobre el denominado espacio público, más aún, las tensiones suscitadas respecto del fenómeno social aludido, por consecuencia, obligan a esbozar criterios políticos y parámetros migratorios para estos efectos. Por tanto, cabe preguntar sobre la inmigración en Chile, ¿Derecho o degradación social?

El Estado necesita garantizar políticas públicas con relación a las conjeturas vivificadas por la inmigración en nuestro país, a su vez, acentuar elementos regulatorios y de orden jurídico, sin duda, aquello es claramente relegado por el Gobierno de turno. Por otra parte, el termino inmigrante continuamente es enarbolado y abrazado por diversos grupos políticos, no obstante, me parece significativo aclarar dicha categoría antes de inscribir claves de salida respecto del fenómeno social en cuestión. Sobre inmigración, el Diccionario de la Real Academia Española establece lo siguiente: “dicho del natural de un país: Llegar a otro para establecerse en él, especialmente con idea de formar nuevas colonias o domiciliarse en las ya formadas”. Por tanto, la situación de un migrante podría darse por varios motivos, por ejemplo: condiciones de vida (modernización), problemas políticos, deterioro económico, etc. Pero ¿Qué sucedería si todas estas dimensiones plasmadas son entendidas como derechos universales sin perjuicio de las repercusiones adyacentes al territorio donde se desea arribar?

Primero, es importante comprender que por derecho entendemos una garantía cuyo fundamento es transversal y universal. El problema es que los Estados no funcionan de esta forma, ya que, los derechos, accesos y cualquier mejoría en la vida social tienen un costo, regulación y parámetros definidos, por consecuencia, la inmigración más allá de los anhelos y sueños que la sustentan, dicho sea de paso, no debe considerarse como un derecho universal sin antes comprobar: (a) documentación legal del inmigrante, (b) motivos claramente definidos de la acción geopolítica, (c) viabilidad profesional y social respecto del extranjero/a para nuestra sociedad chilena. Esto es lo mínimo que un país debiese controlar y garantizar para su ciudadanía y vida pública. Al margen, si visualizamos los datos del último tiempo, estos reflejan una enajenación deliberada por “asistir” a todos los inmigrantes sin considerar parámetros racionalizados y coherentes, nos hemos convertido en una utopía territorial sin delimitaciones para estos efectos. Tal vez, algunos datos cuantitativos que sustentan todo aquello son: (1) Durante el Gobierno de Frei (1994-2000), frente a lo que se consideraba una situación de “urgencia”, se planteó el “Primer Plan de Regularización de los inmigrantes irregulares”, distinguiendo a quienes tienen documentos o no para residir o efectuar alguna labor en el país de destino. Tal acción se tradujo en la concesión de una visa temporal, válida por dos años, sin embargo, los datos actuales reflejan un aumento superlativo de inmigración en Chile. (2) Durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y frente a las presiones de las diversas asociaciones de migrantes en Chile, se provoca un proceso de regularización, declarando una nueva amnistía para todos aquellos inmigrantes irregulares, sin documentación ni contrato de trabajo, entre paréntesis, otra variante sin resultados fructíferos en el territorio nacional, más y más extranjeros/as ingresaron e ingresan al país continuamente. (3) Dado que el proceso de Regularización Migratoria 2021 comenzó con la publicación de la nueva Ley de Migración y Extranjería, y finalizó en enero de 2022, las personas que hayan ingresado a Chile por pasos no habilitados tendrán un plazo de 180 días para abandonar el país, sin sanción migratoria, siempre y cuando no tenga antecedentes penales en Chile ni medidas de arraigo judicial. Estos supuestos serán corroborados por la Policía de Investigaciones de Chile al momento de su salida del territorio nacional. Al salir del país, podrán solicitar una Visa en los consulados de Chile en el extranjero. Esta declaración de la Nueva Ley de Migraciones, no tiene la aplicación esperada en terreno dado los parámetros ejecutados por el Gobierno y Ejecutivo de turno, más bien, observamos desprolijidad, inestabilidad y, por consecuencia, una degradación social in situ.

Segundo, después de haber explicado la asimilación distorsionada de la categoría “derechos” por algunos sectores políticos, y, más aún, las repercusiones públicas enfrentadas en nuestro país, corresponde explorar parte de las conjeturas de la inmigración que, a estas alturas, irrefutablemente emerge como una degradación social sobre el espacio público. Por un lado, la delincuencia, sicarios, bandas internacionales, narcotráfico y muchas otras variantes han aumentado considerablemente en Chile, por ejemplo, el Norte de nuestro país tiene un índice importante de población inmigrante en que la delincuencia parece no cesar. Para el caso de Santiago, se ha vuelto “normal” observar en las calles y avenidas principales carpas y gente en situación de calle, claro, el Gobierno afirma estar “controlando” la situación de inmigración en el territorio nacional; una bazofia política desde el Ejecutivo y Gobierno propiamente tal.

El mes pasado, el IES (Instituto de Estudios de la Sociedad) publicó un nuevo libro en Santiago de Chile, una obra del académico e investigador de la Universidad de Oxford, el PhD David Miller, claramente, uno de los principales referentes intelectuales en temas como migración y nacionalidad en la actualidad. Desde aquí, propongo tres claves frente a la pregunta en cuestión, Inmigración en Chile: ¿Derecho o degradación social? El profesor Miller sugiere lo siguiente frente a la temática planteada: (1) La política de inmigración de un Estado debe ser moralmente defendible, en el sentido de dar buenas razones para su exclusión a quienes tienen prohibido ingresar. (2) Al tomar tales decisiones, los ciudadanos deben reflexionar sobre los objetivos que les gustaría que su sociedad logre, que no tienen por qué ser solo económicos, sino que también pueden ser deportivos, culturales o ambientales. Por lo tanto, especialmente en el caso de los migrantes económicos, la autoderminación nacional exige una libertad muy considerable para elegir una política de inmigración que se ajuste a los valores públicamente adoptados por la sociedad en cuestión. (3) Las políticas que implican seleccionar a algunos migrantes y excluir a otros son legítimas, describiendo algunas de las razones que pueden justificarlas, y respondiendo a algunas objeciones que los defensores de las fronteras abiertas podrían plantear. En síntesis, la obra de Miller denominada “Extraños entre nosotros: Filosofía política de la inmigración” intenta proponer un diálogo sobre el tema, pero, con parámetros regulatorios y definidos; claramente Chile está muy al debe sobre esta premisa en pleno siglo XXI.

Por Benjamín Escobedo Araneda (Escritor y Académico)

Lic. Teología, Lic. © Historia, Certificación en Coaching para el Liderazgo y Comunicación Efectiva (PUC)

Autor del libro “Ecología Bíblica: Una perspectiva ética cristiana para la humanidad en el siglo XXI” ( Monte Alto Editorial)

Próxima publicación (Diciembre 2023, Monte Alto Editorial) “David Trumbull: El proyecto laico y de incidencia pública de un protestante en el siglo XIX chileno"