Gobierno aplica plan de censura



El 61% de los chilenos opina que alguna idea política debería prohibirse (Estudio FPP y Criteria (documento de trabajo octubre 2022).


Surge la duda, por lo tanto, de si la ciudadanía no terminará aceptando límites a la libertad de expresión con la excusa de que es bueno “para la convivencia” o “por el fortalecimiento de la democracia”. Muchas personas no ven la gravedad de esto, y piensan a la rápida que significa “que estamos avanzando” como sociedad. Pero no.


Que los políticos coarten la libertad de expresión va a afectar nuestras vidas y la democracia. ¿Se imaginan someternos a la verdad oficial del actual gobierno? Se imaginan que por tener opiniones o interpretaciones distintas al burócrata de turno, seamos censurados? Se imaginan que vivamos en un país donde se practique la vigilancia masiva junto a la represión política y social? ¿Se imaginan tener escuelas de re-educación?


¿No lo cree posible? ¿o cree que estoy exagerando?


Hemos visto como en el último tiempo, principalmente desde el plebiscito del 04 de septiembre, no solo se ha ido instalando, la “necesidad” de coartar la libertad de expresión en nuestro país, por un interés superior, sino que se han evidenciado acciones concretas para hacerlo y para que esta idea vaya ganando más “adeptos”. Ese es el primer paso, repetir una y otra vez que estas medidas son necesarias para “luchar contra la desinformación”.


Lo vimos en la Convención Constitucional en que la intolerancia a las ideas que no compartía la mayoría llegó a niveles inquisidores. Por ejemplo, cuando aprobaron el “negacionismo”, los “discursos de odio” y “sanciones disciplinarias” en el reglamento de la Ética (al que muy pronto le llamamos, con justa razón, el “Reglamento Talibán”). Se plasmaron en ese reglamento inaceptables normas de censura y amenazas a la libertad de expresión que buscaban la persecución y el escándalo público para quienes no se comportaban como la mayoría quería, sin posibilidad de debatir. La gran mayoría de los castigados por incumplimientos al reglamento talibán fueron, adivinen, la minoría política en la Convención.


Hoy día vemos situaciones en las que desconfío, como la Ministra comunista Vocera de Gobierno que inicia una agenda contra la desinformación y fortalecimiento de la democracia o el Presidente de la Cámara de Diputados que quiere elevar sanciones en el reglamento de ética de esa corporación….hay que estar atentos.

No podemos, los ciudadanos, permitir que los políticos pretendan erigirse como jueces que autorizan lo que se opine o se diga. Tampoco podemos aceptar inhibir el diálogo democrático, ya que es evidente que muchos quieren tener chilenos que por definición sean sospechosos de conductas que violarían, supuestamente, una doctrina de pensamiento, lo que sin duda limitará la discusión pluralista y abierta, tan necesaria, en una democracia.


No debemos dejar que los políticos se atribuyan la facultad de decidir lo que se puede o no opinar.


Soy Rocío Cantuarias, para FNM.