Falacias sobre el control de armas a la población civil

Por Gloria Toro

Según datos de la División de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Interior de Chile, en 2019 un 43% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego; en 2021 fue un 51% y entre enero y junio de este año la cifra subió al 60%.


Todas las cifras indican que el país vive su peor momento en materia de seguridad desde el retorno a la democracia. A los portonazos y encerronas, se suman delitos que no se conocían antes, como el sicariato y el secuestro. De hecho, la violencia ejercida en cualquier delito, es notoriamente mayor que antes.


En la cuenta pública del 1° de junio pasado, el presidente Gabriel Boric anunció la prohibición total de la tenencia de armas de fuego en Chile, a través del Programa "Menos armas, Más seguridad", que buscará la limitación radical de su acceso legal, so pretexto de reducir el número de delitos vinculados al uso de armas de fuego.


La inscripción y tenencia de armas está permitida en Chile bajo condiciones muy estrictas. Existe todo un procedimiento para la compra de armas, y es obligatorio cumplir una serie de requisitos para adquirirlas, entre ellos, no haber tenido condenas por algún delito, estar inscrito en un club de tiro, y haber pasado por un examen psicológico-psiquiátrico para comprar y acceder a un arma.

Además, el arma debe permanecer siempre en un domicilio o un lugar privado, determinado durante la correspondiente inscripción ante la autoridad competente, y su uso se limita a la defensa personal y actividades deportivas o de caza.


En cuanto al porte de armas de fuego, está prácticamente prohibido; por tanto, el arma inscrita no puede ser sacada del domicilio o lugar donde se declaró que se usaría, a menos que se pida un permiso a las autoridades para su traslado.


Pese a todas estas exigencias para acceder a un arma inscrita en Chile, se instaló, a partir del año 2005, cuando se promulgó la ley de control de armas, la falacia de que buena parte de las armas legales estarían vinculadas a delitos cometidos en el país.


En junio del 2022, la ex ministra del Interior Izkia Siches, al inicio de una reunión de coordinación intersectorial para conformar el Equipo de Tarea para el Control de Armas. afirmó: “Tenemos indicios de que gran parte de los delitos armados y homicidios son cometidos con armas de fuego legalmente inscritas”.


Como abundan reportes estadísticos, muchos de ellos contradictorios y amañados sobre el uso de armas inscritas para la comisión de delitos (según Fiscalía llegarían al 80%), lo correcto es acudir a los informes emanados directamente de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), dependiente del Ministerio de Defensa, que es la entidad encargada de normar y fiscalizar la venta de armas.


En respuesta a la solicitud de información N° ADO 13TOOO3320 de la Dirección General de Movilización del pasado 13 de julio, del total de armas ingresadas en custodia o decomiso durante el período 2017 a 2021, el porcentaje total de armas con registro de extravío-robo fue del 3,46%, vale decir, de un total de 11.978 armas que ingresaron en custodia (fueron incautadas), apenas 415 correspondía a armas inscritas.


Según cifras de Carabineros dadas a conocer por el Club de Tiro La Reina, un 12% de las armas incautadas a delincuentes en 2021, estaban inscritas.


El Club de Tiro La Reina aseguró que cifras entregadas por Carabineros, revelan que casi el 90% de las armas incautadas a delincuentes en 2021, son modificadas, hechizas o ilegales.

Sólo el 12% del armamento retirado de circulación por personal uniformado está inscrito, y denunciado por robo o extravío.


Dicho de otra forma, el 88% de lo incautado en 2021, son armas internadas ilegalmente, a fogueo reacondicionadas para el disparo o armas hechizas.


En números, el presidente del Club de Tiro La Reina, Alejandro Rocafort, sostuvo que, de las 1.591 armas retiradas de circulación el año pasado, 192 estaban inscritas legalmente.”

Otra de las cifras entregadas por el Club de Tiro La Reina es que desde 2019 a la fecha, las armas a fogueo adaptadas para disparar, que se incautaron en hechos delictivos, aumentaron de un 4,9% a un 18,5%” (reportaje publicado en julio del 2.022 en el medio digital Biobío).


La tónica de diversos gobiernos ha sido suministrar cifras que posteriormente son desacreditadas, desde el famoso “8 de cada 10 armas”, en 2005, que dio lugar a la primera reforma equivocada de la ley 17.798, hasta los recientes “90%, 80%, 60%” que las autoridades de prevención del delito repiten sin pudor, siguiendo el ideario de la ONU, en su empeño de control de armas en manos de la población civil, pese a que esa política ha sido un completo fracaso.


¿A qué obedece esa campaña de desinformación, que busca responsabilizar al mercado legal y a los deportistas por el acceso del hampa a las armas? De acuerdo al informe de la Dirección General de Movilización solo el 3,46% de las armas incautadas corresponde a armas con registro, y según los datos suministrados por Carabineros, solo un 12% de las armas incautadas a delincuentes en 2021, estaban inscritas. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema para la seguridad pública?


De acuerdo con el Ministerio Público, en reciente solicitud realizada por transparencia, según el acta de destrucción de la Comisión de material de guerra de las FFAA y Carabineros (14 de julio de 2018) le resulta imposible a Fiscalía establecer si esas armas incautadas participaron o no en delitos, por lo que las afirmaciones del gobierno carecen de sustento fáctico (recordemos que en algún momento Fiscalía habló de un 80%).


Son las armas adquiridas en el mercado negro, las armas de guerra en manos de terroristas, narcotraficantes y delincuentes comunes, y las armas hechizas (artefactos que originalmente no eran de fuego, pero que fueron acondicionadas para el disparo).


En el año 2021 Carabineros detectó un aumento de 224% en la incautación de armas adaptadas. En marzo pasado, mediante resolución, se prohibió la venta de armas de fogueo en Chile.


¿Cuál es la lógica subyacente en una campaña de desarme ciudadano como la que pretende el gobierno? Los delincuentes en ningún caso van a acatar las normas que prohiben el acceso a armas de fuego. Serán entonces las personas de bien quienes estarán obligadas a cumplir la ley, viendo anulada su capacidad de defensa: puesto que las armas van a estar prohibidas, no podrán defenderse con armas.


¿Tiene sentido la medida del desarme ciudadano, cuando está plenamente demostrado que el Estado ha sido incapaz de mejorar la capacidad de fiscalización del comercio de armas para erradicar el mercado ilícito?


En las actuales circunstancias, cuando la delincuencia llega a niveles nunca vistos en Chile, ¿se puede creer que el gobierno podría impedir el acceso de delincuentes a las armas de fuego?


Cuando las armas se han convertido en la única forma de defenderse de los delitos de los cuales son víctimas las personas, tal como ocurre en La Araucanía, si se prohíbe el uso de armas, quedarían en total indefensión frente a los delincuentes.


A nivel mundial los sectores autodenominados progresistas encabezados por la ONU, que defienden el desarme, aducen que la posesión de armas de fuego inscritas, incide en el incremento de los delitos violentos ¿Qué tan cierta es esa aseveración?


La primera falacia es que los países con leyes de control de armas permisivas, tienen más homicidios causados por armas de fuego. La realidad es completamente opuesta. Los países con más homicidios son aquellos en los cuales las armas de fuego están prohibidas o fuertemente restringidas para los ciudadanos honestos. Más armas legales en manos de ciudadanos decentes, no producen más crímenes violentos.


Armas en Chile: 4,3 por cada 100 ciudadanos

Armas en EEUU: 120,5 por cada 100 ciudadanos

Armas en México: 13 por cada 100 ciudadanos


Tasa de homicidios en Chile: 4,4%

Tasa de homicidios en EEUU: 3,8%

Tasa de homicidios en México: 29%


Se anexa ranking de tenencia de armas y cantidad de delitos violentos en diversos países. Fuentes: International Homicide Victims, UNODC 1.990-2018. Small Arms Survey 2.017. The Graduate Institute Geneva


Datos duros: los 25 países con mayores tasas de homicidios por armas de fuego en el mundo, son países con mayores restricciones en armas a la población civil. Veamos el ranking de los 5 primeros. Se anexa ranking. Fuentes: Small Army Survey


Armas en Venezuela por cada 100 ciudadanos, 18,5%. Tasa de homicidios: 51,1%

Armas en El Salvador por cada 100 ciudadanos, 12.0%. Tasa de homicidios: 43,7%

Armas en Islas Vírgenes por cada 100 ciudadanos, 16,6%. Tasa de homicidios: 43,0%

Armas en Jamaica por cada 100 ciudadanos, 8,8%. Tasa de homicidios: 37,3%

Armas en Honduras por cada 100 ciudadanos, 14,1%. Tasa de homicidios: 31,4%


Vemos como Latinoamérica tiene una de las tasas de homicidio por armas más altas en el mundo, pese a que estos países tienen leyes muchísimo más estrictas de control de armas, que en países como Suiza o Estados Unidos. Entonces, ¿en qué medida una legislación más estricta ayuda a reducir las tasas de homicidios y el crimen violento en la región?


Veamos ahora qué pasa en los países con menores tasas de homicidios con armas de fuego en el mundo: como factor común, son países con menos restricciones para su acceso a la población civil .


Armas en Estados Unidos por cada 100 ciudadanos, 120,5%. Tasa de homicidios: 3,8%

Armas en Suiza por cada 100 ciudadanos, 27,6%. Tasa de homicidios: 0,2%

Armas en Uruguay por cada 100 ciudadanos, 34,7%. Tasa de homicidios: 9.0%


Según reporte de la ONU, de los diez países más violentos del mundo, (Venezuela, Honduras, El Salvador, Costa de Marfil, Belice, Jamaica, Islas Vírgenes, Guatemala, Saint Kitts &Navis y Zambia), todos tienen leyes de control de armas que las prohibe o dificulta muchísimo su acceso


Veamos ahora cuáles han sido los resultados en Reino Unido y Australia, a partir de la promulgación de normas que prohíben o restringen el acceso a armas por parte de la población civil.


Reino Unido:


En 1968 Reino Unido promulgó una ley que redujo el acceso de armas de los ciudadanos. Pese a las expectativas, el número de homicidios siguió creciendo. Una década después de la expedición de la ley que prohibió las armas cortas, la cantidad de crímenes con armas de fuego se dobló.


A partir de 1997, el incremento de los crímenes violentos en Reino Unido fue del 77%. De hecho, es uno de los países más violentos de Europa, muy por encima de los países de la Unión Europea (2.304 delitos por 100.000 residentes). A pesar de décadas de prohibición, los crímenes violentos siguen subiendo en Inglaterra y Gales. Se estima que 1 de cada 5 residentes ha sido víctima de algún delito violento.


También en Australia, la cantidad de homicidios y asesinatos en masa se incrementó a partir de la prohibición de armas de fuego en los años noventa (1.677 delitos violentos por 100.000 residentes). En cambio Estados Unidos, donde la legislación sobre uso de armas de fuego no es restrictiva, la tasa de crímenes violentos es de 466 por 100.000 residentes.


Fuentes: Naciones Unidas, Banco Mundial, Institutos Nacionales de Estadísticas. Se anexa cuadro.


Es lógico entonces formular la pregunta: ¿en qué medida una legislación más estricta ayuda a reducir las tasas de homicidios y el crimen violento? Todo indica que la respuesta a esta pregunta es que no existe ninguna correlación; que una legislación restrictiva en materia de armas, por sí sola, en nada incide en la reducción de la violencia armada y que el problema está más relacionado con “la comprensión de la dinámica del crimen en un país y la debilidad de las instituciones del Estado, que en el estudio de las leyes en vigor” (Marguerite Cawley).


En Venezuela, por ejemplo, a partir de 2.012 se prohibió completamente la venta comercial de armas, y sin embargo, los índices de delincuencia y de crímenes violentos, no han parado de crecer. En 2021, hubo casi 40,9 homicidios por cada 100.000 habitantes en el país.


México tiene una de las legislaciones más estrictas de control de armas en el mundo (solo hay una una tienda de armas en en el país, que es propiedad del Ejército). Los civiles tienen prohibido poseer armas de grado militar, en ningún caso pueden portar un arma por fuera de su casa y deben someterse a rigurosos controles de antecedentes para obtener un certificado de propiedad. Pese a las restricciones, es uno de los países más violentos del mundo (de enero a diciembre de 2021 se registraron 35 625 homicidios) (28 homicidios por cada 100 000 habitantes, y más de la mitad de los homicidios fueron cometidos con un arma de fuego).


En Brasil, los civiles tienen prohibido poseer armas que son propias de las fuerzas armadas y de portar armas en público, salvo en circunstancias excepcionales. Para adquirir un arma una persona debe tener 25 años. Sin embargo, cerca del 90 % de los homicidios en el país, involucró un arma de fuego.


Según un estudio del Banco Mundial, los países con las tasas de homicidios más altas de Centroamérica -Honduras y El Salvador- tenían menos de la mitad de las armas estimadas per cápita que Guatemala, mientras que Panamá, con la segunda tasa de homicidios más baja, tenía el segundo mayor número de armas de fuego.


Y si de legislación restrictiva se trata, el número per cápita de armas en Uruguay, uno de los países menos violentos de América Latina, es el doble que el de Honduras: 15 por cada 100 personas frente a 7 por cada 100, respectivamente.


¿El desarme de la gente honesta, mediante una legislación totalmente restrictiva, es la solución para disminuir la violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado en Chile? ¿Es lógico prohibir el uso de armas de fuego a ciudadanos, que de acuerdo a las normas que regulan la tenencia de armas, están plenamente capacitados para su uso responsable? ¿Es razonable que los civiles honestos, en sus propias casas, no puedan defenderse de los delincuentes, en circunstancias en que el Estado ha mostrado su incapacidad para neutralizarlos?


Los defensores de la tolerancia cero en el acceso a armas por parte de los ciudadanos honestos, también suelen acudir a pretextos como los accidentes que ocurren por negligencia de los propietarios. Esta postura, paternalista, no es un argumento suficiente para impedir que se pueda ejercer el derecho a la legítima defensa. Equivaldría, valga la comparación, a prohibir el uso de automóviles porque hay conductores imprudentes.


Si bien es cierto que las armas de fuego pueden ser utilizadas para dañar injustamente a otros individuos (acción delictiva), también es cierto que estas sirven como medio de protección frente a ataques ilegítimos de delincuentes.


En una investigación realizada en los años noventa por los criminalistas Wright y Rossi, con delincuentes condenados por delitos violentos, se les preguntó sobre el efecto disuasivo que tendría en ellos el saber que las posibles víctimas estaban armadas. El 56% respondió que los delincuentes se abstienen de atacar cuando saben que pueden ser repelidos con armas de fuego.


En otra encuesta realizada por el investigador Jhon Lott, en el 95% de los casos en que una persona utiliza un arma en forma defensiva en su casa, solo tiene que mostrarla para que el delincuente desista. (Relación entre armas de fuego y legítima defensa. Biblioteca Jurídica del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Unam. México).


En diversos estudios sobre la efectividad en el uso de armas para la legítima defensa se concluyó que cuando la víctima se encuentra en posesión de un arma de fuego, las posibilidades de ataque son menores. Además, varias investigaciones señalan que las víctimas de algún delito que no opusieron resistencia, fueron lesionadas el doble que las víctimas que se resistieron mediante el uso de un arma de fuego.


De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Victimización del Crimen, (National Crime Victimization Survey, NCVS por sus siglas en inglés), solo el 3.6% de las personas víctimas de un intento de robo a casa habitación fueron lesionadas con posterioridad al uso de arma de fuego para su legítima defensa.


Además, en el 20.8% de los casos de asalto, agresiones o robo a casa habitación en el que las víctimas sufrieron lesiones, estas ocurrieron con anterioridad a que la víctima pudiera usar un arma de fuego. De acuerdo también con el NCVS, menos del 0.2% de los encuestados reportaron haber sido desposeídos de sus armas por los delincuentes, por lo que es poco probable que una víctima de la delincuencia sea lesionada con su propia arma de fuego.”


La Encuesta Nacional del Crimen en Estados Unidos, indica que el uso de arma de fuego como legítima defensa sí disminuye los casos en que las víctimas sufren alguna lesión al ser atacadas.


Las estadísticas demuestran que sólo el 17% de víctimas de asalto que utilizaron armas de fuego reportaron haber sido lesionadas; en el caso de agresiones físicas, únicamente se presentaron lesiones en el 12% de todas las personas que utilizaron armas de fuego". En cuanto a la percepción de seguridad, está demostrado que la posesión de un arma de fuego confiere al individuo una seguridad psicológica ante la eventual intrusión ilegítima de delincuentes.


Es claro entonces que de nada valen las medidas que restringen el acceso a los ciudadanos, cuando los delincuentes tienen fácil acceso a las armas que se venden en el mercado negro, y que no existe una correlación entre el incremento de la violencia y la tenencia de armas inscritas por parte de los ciudadanos honestos.


Pese a las políticas restrictivas de control de armas inscritas, de acuerdo a informaciones de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), entre los meses de enero a mayo del 2022 , 6 de cada 10 homicidios se realizaron con un arma de fuego y en esos cinco meses se registraron 351 homicidios. Esto representa un aumento del 26,7%, ya que en el mismo periodo del año pasado, se contabilizaron 277.


Esta política de desarme ciudadano, que se basa en mentiras, somete a la gente honesta a los delincuentes, que se sienten dueños y señores de las calles, a sabiendas que no van a encontrar respuesta defensiva, pues están seguros que nadie les va a disparar a ellos. “Vamos a desarmarlos” dijo Hugo Chávez. “No queremos que existan clubes de tiro”, dijo recientemente el candidato presidencial de Brasil Lula da Silva. “Avanzaremos hacia la prohibición total de las armas en Chile”, dijo Gabriel Boric.


En la última encuesta de políticas ciudadanas, el 59,2% de los encuestados, considera que el Estado no puede prohibir la tenencia de armas para defensa personal por parte de los civiles. Sería bueno que el gobierno, alguna vez, respetara la voluntad mayoritaria de los chilenos, en vez de dejarse llevar por ideas antojadizas, que no se condicen con la realidad.

Y es que como dice el investigador asociado de Small Arms Survey, Matthias Nowak "Usted no necesita una gran cantidad de armas para cometer una gran cantidad de homicidios si están en las manos equivocadas".