No es conflicto: es terrorismo.

NO ES CONFLICTO: ES TERRORISMO

Si usted vive en La Araucanía, en la Región  del Biobio, Los Lagos o los Ríos, seguramente  en lo primero que piensa cuando lee o le hablan del conflicto mapuche es en imágenes de violencia, de ataques incendiarios, cierres de caminos, robo de ganado, de autos, quema de cosechas,  de maquinarias, asesinatos, intimidación, temor constante a ser la próxima víctima.

Y cómo podría ser de otra manera si durante los últimos años los habitantes  de estas regiones han visto cómo las amenazas, el constante hostigamiento, los ataques a la propiedad privada y la inseguridad  se han ido incrementando, generando un clima de terror incompatible con la paz social que debería garantizar el estado!

Según informe de la Multigremial de La Araucanía, durante el año 2018 los ataques incendiarios aumentaron en un 107% (124 ) respecto a los atentados incendiarios del 2017 (60).  

Los hechos de violencia no solo se incrementaron en número; también se ampliaron los objetivos y las zonas de ataque, pues ahora también se producen  en zonas urbanas.

En un comienzo fueron predios forestales  y agrícolas de grandes empresas. Más adelante atacaron a pequeños parceleros y en los últimos años se suman los atentados contra contratistas, trabajadores forestales, de la construcción, del sector vial, de telecomunicaciones, de transporte público, comunidades religiosas católicas y evangélicas, comunidades educativas,  funcionarios públicos municipales, Carabineros y PDI. En 35 comunas del sur de Chile se produjeron en 2018 incendios, usurpaciones, robos, amenazas, intimidación con armas de fuego, entre otros delitos.

Según el estudio trimestral (Barómetro de la Multigremial de la Araucanía), los incidentes reportados a la fiscalía o las policías entre enero y marzo “pasaron de 27 en 2018 a 136. El incremento general, en la zona comprendida entre Biobío y Los Lagos, fue de 372%.

De acuerdo a  la medición realizada por la Multigremial de La Araucanía las denuncias por hechos de violencia rural en la región aumentaron en un 503% durante el primer trimestre de 2019.

Pero cómo es posible haber llegado a tal estado de cosas sin que las fuerzas del orden pongan fin a los ataques? En nombre de qué se cometen tales atropellos a la vida, a la propiedad privada, a la seguridad ciudadana en el sur de Chile?

Para explicar la violencia desatada,  sectores de izquierda, personeros y voceros del mundo mapuche relatan la existencia de un conflicto mapuche, que se mide   en términos de su  vinculación con las demandas planteadas al estado de Chile, respecto a la restitución de tierras que ocupaban antiguamente y con las exigencias de una reparación, mediante un trato especial y diferente.

En cuanto a las tierras cuya restitución persiguen, estas se vinculan   con los títulos de dominio que el estado les otorgó como compensación a los mapuches entre los años 1.884 y 1.929 (2.918 títulos de merced, por un total de 512.493, 67 hectáreas),   que por diversas razones fueron perdiendo durante el siglo XX, bien por tratarse de terrenos que fueron vendidos a colonos, y en otros, a aquellos cuyos límites se modificaron bajo condiciones que  consideran desmedradas o poco equitativas.

Durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin se promulgó la ley 19.253 de Los Pueblos Indígenas en Chile. El propósito de dicha ley fue “buscar una solución, sobre la base que impere la justicia, que se llegue a acuerdos, que si es necesario se negocien soluciones, que se suprima el recurso de la fuerza, no solo para los afectados, sino  que para todas las partes involucradas”.

Desde 1.994 a la fecha el  Estado entregó cerca de 258 mil hectáreas entre la VIII y la IX región. Si le sumamos las 463 mil hectáreas que  las comunidades indígenas tenían en posesión por los títulos de merced y otras cesiones gratuitas del fisco, hoy están en posesión de cerca de 800 mil hectáreas, mucho más de las originarias de los títulos de merced (512.493,67 hectáreas). Solo en la Araucanía están en posesión de más de 500 mil hectáreas.

Pese a que la inversión del estado en la adquisición de tierras supera los 500.000 millones  de pesos para la entrega de más de 250.000 hectáreas, la ley indígena trajo múltiples problemas. El más grave de todos fue el incentivo perverso a la violencia, en la medida que algunas comunidades radicalizadas  asumieron que tendrían una respuesta más rápida a su demanda si generaban un problema mediante tomas, ataques y amenazas a los legítimos propietarios.

Según un estudio realizado por el Instituto LIbertad y Desarrollo en 2016, del total de comunidades inscritas en Conadi (2.558), solo 68 (2,7%) estaban vinculadas a hechos de violencia.  Por otra parte, una encuesta reciente efectuada en la Araucanía por de la misma entidad señala que el 80% de los encuestados considera ilegítimas las acciones violentas.

Pero más allá de la discusión por los derechos de propiedad sobre la tierra,  los voceros del mundo mapuche hablan de una cosmovisión propia, refieren diferencias profundas de carácter cultural, proponen una reconstrucción ideológica  del “ser mapuche”y algunos de ellos incluso exigen una reparación total del estado mediante la autodeterminación y el control soberano del territorio.

Sin embargo, según  la misma encuesta de  Libertad y Desarrollo en La Araucanía, apenas  “el 6% de los mapuches encuestados sigue la espiritualidad mapuche. Solo el 15% habla mapudungún. El 94% prefiere un título de dominio individual contra el 6% que lo prefiere comunitario (uno de los rasgos que según algunos más puristas es distintivo de la cosmovisión mapuche) . 50% apoya el derecho a vender sus tierras y 58% a arrendarlas.”.  

En cuanto a las prioridades que  según dicha encuesta debería seguir  la política indigenista del gobierno, los ítems mencionados fueron empleo 15%. Mejor salud 13%. ayudar a producir y vender 12%. Entrega de tierras 11%. Fomento a la cultura mapuche 10%. Infraestructura: 10%.

Cabe destacar que  según una investigación realizada por la Universidad de la Frontera, para el año 2011, el 60% de las tierras entregadas a las comunidades indígenas fueron abandonadas, saliendo por completo del ciclo productivo.

Entre   los grupos violentistas más conocidos  que delinquen en el sur de Chile en nombre de reivindicaciones mapuches están:  La CAM, (Coordinadora Arauco Malleco), surgida en 1.998. Weichan Auka Mapu, La Comunidad Autónoma de Temucuicui (que salió a la luz pública en 1.990) y la comunidad Ancapi Ñancucheo.

Las bases ideológicas tanto de la  CAM como de Weichan Auka Mapu son el autonomismo (territorial y político)  y el anticapitalismo. Ambas propugnan por la lucha revolucionaria para la “descolonización de la ideología occidental capitalista”.  Ambas son organizaciones antisistema cuya finalidad es “la autonomía y liberación del pueblo-nación mapuche (escisión del estado chileno) mediante la utilización en forma reiterada, confesa y permanente de la violencia.

En cuanto a las comunidades Ancapi Ñancucheo y  Autónoma de Temucuicui, al igual que las demás  comunidades violentistas, también buscan la autodeterminación, el  control territorial, restituir la organización ancestral mediante el uso de la violencia, manteniendo un discurso marxista.

Todas las  organizaciones radicales que operan en el sur de Chile legitiman el uso de la violencia para conseguir sus diferentes objetivos  con una finalidad común: infundir terror en la población civil y a la vez provocar una sensación de vulnerabilidad y fragilidad de la institucionalidad del estado.

Son  terroristas porque  sus acciones son concertadas y ejecutadas por miembros de una organización.  Son terroristas porque dan publicidad a sus actos de violencia mediante mensajes de auto adjudicación de los mismos, con comunicados que buscan generar en la población la sensación permanente de inseguridad ante la posibilidad de ser víctima.

Son terroristas porque la violencia que ejercen no es común:  la logística, manejo de armamento, capacidad de hacer daño y replegarse, la cantidad, orden con que actúan  y eficacia en los ataques, dan cuenta de entrenamiento militar en guerra de guerrillas y en métodos de combate, usando mecanismos de amedrentamiento típicos de las FARC y el ELN en Colombia.

En mayo del 2008 el presidente de Colombia Alvaro Uribe Vélez  envió, por intermedio del director de la ANI del gobierno de la presidenta Michelle  Bachelet, un dossier que daba cuenta de los vínculos del Partido Comunista chileno y de la CAM con las Farc. La información se extrajo de los computadores de  alias Raúl Reyes, abatido por las Fuerzas Armadas de Colombia en un campamento terrorista en Ecuador.

Esa información no la  entregó la ANI al Ministerio Público argumentando que no se había detectado la comisión de delitos. Pero no era la ANI la entidad competente para determinar si la información daba cuenta de la comisión de hechos delictivos:  son los tribunales de justicia. Además, cómo es posible que el entrenamiento militar en guerra de guerrillas de comuneros mapuches en Colombia para atacar al estado chileno no hubiera merecido ni un atisbo de preocupación por parte del gobierno de Bachelet?

En agosto de 2008 el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera y el senador Alberto Espina entregaron al fiscal nacional la misma documentación. Meses más tarde el abogado Francisco Silva recibió del ministerio de defensa de Colombia el informe completo  sobre los vínculos de las Farc con el partido comunista chileno, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y la CAM.

El abogado Silva entregó  al Ministerio Público el formato digital y el informe sobre papel  titulado “Soporte Información Chile” que cuenta con 469 páginas. Durante seis años mantuvo su compromiso de guardar reserva, pero el incremento exponencial de la violencia en el sur de Chile y la constatación de los nulos resultados sobre las investigaciones, lo llevaron a hacer público el contenido.

Han pasado más de 11 años desde que el estado chileno recibió la  información sobre los vínculos cercanos de organismos violentistas mapuches con las Farc y el EL, sin que hasta la fecha se  haya tomado una acción decidida para frenar el terrorismo.

Muy por el contrario: los ataques aumenta en número y en objetivos, se incrementa su violencia y son lamentables  los escasos resultados de los diferentes gobiernos, que han dejado en total indefensión los ciudadanos de bien, hoy rehenes del crimen.

Se suma otro fenómeno: comunidades autónomas donde la presencia de las fuerzas del orden está vetada, donde se ocultan delincuentes prófugos, se guardan armas de guerra,  se cultiva y procesa marihuana y se trafica con otras drogas. Sitios desde donde se hacen ataques delictivos como abigeato y robo de autos, que son llevados a las reserva a vista y conocimiento de la gente de la zona.  Reductos indígenas donde los delincuentes actúan con patente de corso.

Estas  comunidades indígenas autónomas, infiltradas por grupos violentistas marxistas, no son exclusivas del sur de Chile. En 1.989 se suscribió entre el  CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca, asociación de autoridades indígenas a la cual pertenece el 90% de las comunidades y cabildos del departamento de Cáuca Colombia)  y el Consejo Mayor de las Farc, un acuerdo de mutua cooperación.

Durante los años ochentas y noventas las comunidades indígenas cultivaron   amapola y coca, que entregaban a las Farc para su procesamiento y distribución.   Hoy, en una zona montañosa de 100.000 hectáreas en el norte del Cáuca, las comunidades indígenas  cultivan la variedad más potente y apetecida de marihuana, la cripy.  

En defensa del negocio del narcotráfico y de la autonomía territorial y política que le permiten mantener a resguardo el negocio de la droga, el CRIC , al igual que las comunidades autónomas de Temucuicui o la CAM, funciona con una estrategia de inversión revolucionaria y enfrenta  el orden constitucional bajo el ropaje de las reivindicaciones sociales y económicas.

 

Cuando existen grupos violentistas que buscan autonomía territorial y política para escindir el estado chileno mediante el uso del terrorismo, cuando esos grupos son rechazados por la inmensa mayoría de la población residente en la zona, cuando la entrega de tierras ha generado incentivos perversos a la violencia y el 60% de éstas se encuentran abandonadas, cuando solo el 6% de los mapuches practican la espiritualidad de su etnia, cuando el El 94% prefiere un título de dominio individual , contra el 6% que lo prefiere comunitario (uno de los rasgos que sería distintivo de la cosmovisión mapuche) , por qué se sigue hablando de “conflicto mapuche” para explicar la violencia?

No hay conflicto en el sur de Chile.  Lo que sí hay es grupos de delincuentes  que funcionan con una estrategia antisistémica, para enfrentar el orden constitucional usando pretextos  de reivindicaciones sociales, económicas y culturales.

No hay conflicto en el sur de Chile.  Lo que hay es víctimas y criminales. Delincuentes que matan, roban, asaltan, queman viviendas, maquinarias, camiones,  y mantienen a los ciudadanos bajo en temor constante de ser víctimas.

No hay conflicto en el sur de Chile. Lo que hay es un sistema judicial inoperante, incapaz de hacer justicia. Fiscales de dudosas competencias, jueces que han dejado evidenciar su total parcialidad en favor de los delincuentes mapuches.

No hay conflicto en el sur de Chile. Lo que hay es partidos políticos y grupos radicalizados de izquierda que apoyan el proyecto indigenista del Foro Sao Paulo apoyados por los medios de comunicación que hacen de eco a la victimización de los criminales.

No hay conflicto en el sur de Chile, pues como dice la periodista colombiana Vanessa Vallejo “Lo que tenemos es un victimario y una víctima. Utilizar la palabra «conflicto» pone en el mismo nivel al asesino y al inocente. Y si esa idea de que son iguales se traslada a los hechos, que es lo que está ocurriendo en Colombia cuando a los cabecillas guerrilleros se les da escaños en el Congreso, lo que tenemos es la garantía de más violencia. Donde no hay justicia es imposible que haya paz real”.

Y solo habrá paz en el sur de Chile cuando cese la impunidad, cuando haya una efectiva intervención del estado mediante el uso de los recursos que le dan la ley y la constitución para imponer el orden y el estado de derecho. Sin titubeos, sin concesiones a los criminales, sin temores. En caso contrario, el sur de Chile se convertirá en tierra de desplazados por la violencia terrorista.

Gloria Toro

Fundación Nueva Mente